En palabras simples, es una rama del derecho que se encarga de estudiar y regular la relación entre las personas (se habla también de ciudadanos o particulares) y los distintos servicios públicos que existen, por ejemplo, la Municipalidad de Coyhaique, un CESFAM que depende del Servicio de Salud Aysén o una Escuela a cargo del SLEP Aysén.
Estos servicios y quienes trabajan en ellos (funcionarios públicos) no pueden actuar con la misma libertad o independencia que una empresa privada o una persona particular. De hecho, sólo pueden hacer aquellas cosas que la ley les permite, por lo que aquellas decisiones que se aparten de este principio son ilegales y pueden ser reclamadas.
Por ejemplo, un funcionario municipal no podría trabajar, al mismo, en la Municipalidad de Lago Verde y en la de Cisnes, ya que la ley establece que ambas funciones son incompatibles. Otro caso: si un servicio hace una licitación pública para adquirir mobiliario, no puede escoger al proveedor que quiera o dejar fuera a otro, ya que la ley indica que deben respetarse las bases del concurso y que los proveedores compiten en igualdad de condiciones.
Además de los ejemplos que vimos, pueden ser muchas otras las razones por las cuales se necesite reclamar de una decisión o un acto de algún servicio público.
Aunque cada situación es diferente, en general hay tres alternativas a las que se puede recurrir:
En primer lugar, reclamar ante el mismo servicio público. Esto puede hacerse mediante un recurso llamado reposición, en el que se solicita al mismo servicio u órgano público que modifique lo que resolvió o decidió, y también a través del recurso jerárquico, en que es el superior del servicio el que analizará la materia.
Otra posibilidad es recurrir a la Contraloría General de la República. La Contraloría es un organismo independiente que se encarga, entre otras labores, de fiscalizar a los servicios públicos, lo que incluye comprobar que se ajusten a Derecho, es decir, que sean legales.
En caso de detectar algún incumplimiento, cuenta con diversas facultades para ordenar a los órganos públicos corregir o dejar sin efecto esas situaciones, encontrándose eseos servicios obligados, por ley, a cumplir con lo que Contraloría decida.
Por último, siempre es posible reclamar ante los Tribunales de Justicia. Esto puede derivar en un procedimiento judicial que requiera o no representación por parte de un abogado, ya que la regla general es que para actuar en un juicio debe hacerse con el patrocinio de un profesional de esa área.
Una excepción se da tratándose de los recursos de protección, los que permiten reclamar, ante la Corte de Apelaciones respectiva, de una eventual vulneración a ciertas garantías constitucionales (como el derecho de propiedad o la igualdad ante la ley).
Puedes revisar el artículo que dejo al final de la página sobre reclamos.
Si crees que hay una decisión de un servicio público que te afecta o en caso de necesitar asesoría legal, estoy para ayudarte.