¿Playas privadas?

7-05-2026

En verano es frecuente encontrarnos con la pregunta sobre si existen o no playas privadas en Chile, generalmente a partir de publicaciones en redes sociales o noticias que informan sobre personas que no autorizan el ingreso a playas o, derechamente, las cercan e impiden físicamente acceder a ellas.

La ley es clara y la respuesta es simple: en Chile no existen playas privadas. Veámoslo con un poco más de detalle.

Bienes públicos

El Código Civil establece que las playas pertenecen a todos los habitantes del país y que todos podemos disfrutar de ellas, ya que son bienes nacionales de uso público o bienes públicos. No importa la ubicación ni la Región en que se encuentren, la norma es la misma.

Un ejemplo: el mismo Código clasifica también las calles y las plazas como bienes públicos, sin embargo, es difícil pensar en un particular en Coyhaique reclamando ser dueño de la calle Almirante Simpson o de la plaza Angol. Idéntica situación ocurre respecto de las playas.

¿Qué es una playa?

Aunque pueda parecer una pregunta extraña por lo obvio, hay que tener presente que algunas veces la ley define una palabra de manera específica, más allá de lo que se entienda comúnmente por ella. Así, legalmente las playas son aquellas extensiones de tierra que que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan las más altas mareas.

Esto no sólo considera las playas de mar, sino también los lagos y ríos. El mismo Código Civil establece que todas las aguas son bienes nacionales de uso público, por lo que pertenecen y pueden ser disfrutadas por todos.  

¿Cómo opera en la práctica?

El dueño de un terreno que colinde con una playa, un río o un lago, está obligado a facilitar gratuitamente el acceso a ellos cuando no exista un camino público que lo permita. Fijado el acceso por parte de la autoridad, el dueño, arrendatario u ocupante del terreno tiene prohibido obstaculizarlo o cerrarlo.

En caso de incumplimiento, se aplica una multa que va entre 10 a 100 UTM (aproximadamente $700.000 a $7.000.000) y, si se vuelve a infringir la norma, la sanción puede llegar a 200 UTM (cerca de $14.100.000).

El Ministerio de Bienes Nacionales -a través de la SEREMI de Aysén, en nuestro caso-, es el servicio encargado de gestionar los bienes del Estado o fiscales y de recibir las denuncias por incumplimiento a las normas que ya hemos visto. Cuenta con una plataforma para realizar denuncias por situaciones como cobro o control de acceso y caminos cerrados, que dejo al final de este artículo.

Es importante evitar que este prácticas se generalicen e impidan disfrutar de un bien que pertenece a todos.

Recuerda que si por alguna razón necesitas asesoría jurídica, conversemos, estoy para ayudarte.